Caso Malaya

Caso Malaya u Operación Malaya fue el nombre que recibe una operación contra la corrupción urbanística en España, iniciada y dirigida en su mayor parte por el juez Miguel Ángel Torres Segura y la Fiscalía Anticorrupción, cuyas primeras investigaciones se remontan a noviembre de 2005.​ Con el epicentro en el Ayuntamiento de Marbella, la operación destapó un entramado de asociaciones que encubrían numerosas actividades delictivas —cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, etc.— llevadas a cabo, entre otros, por políticos del Ayuntamiento de Marbella, aunque las ramificaciones se extendieron a otras localidades como Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz, Murcia, Granada, Córdoba, Sevilla y Pamplona.​ En la trama estuvieron implicados empresarios, abogados, políticos, funcionarios y otras personalidades famosas de la prensa del corazón. Por su complejidad y particularidades es un ejemplo paradigmático de la corrupción asociada al desarrollo inmobiliario hasta la crisis de 2008, sirvió de modelo para otras investigaciones por corrupción urbanística y abrió el camino para una sucesión casi ininterrumpida de instrucciones judiciales en decenas de ayuntamientos españoles.​​ Además de la trama principal, múltiples piezas separadas fueron también juzgadas y ratificadas tras recurso al Tribunal Supremo.​​ Para parte de los condenados el 'caso Malaya' y sus piezas derivadas han supuesto soportar más condenas y una deuda abultada con la Hacienda Pública.​ La operación judicial se denominó así por el método de tortura malayo o de la gota china, en el que se inmoviliza al preso y le cae una gota de agua cada cinco segundos produciéndole daños en la piel pero también la imposibilidad de dormir.​