Estado de sitio

El estado de sitio es un régimen de excepción que debe ser impuesto por el poder ejecutivo, en particular por el jefe de Estado, y con la autorización del órgano legislativo correspondiente a ejecutarlo.​ Su instauración suele justificarse ante situaciones graves que ponen en peligro el orden institucional, como guerras, rebeliones, graves disturbios internos, amenazas a la seguridad nacional o conmociones sociales de gran escala.​​ El estado de sitio representa un concepto equivalente —o al menos análogo— al de estado de guerra, en tanto implica la centralización del poder y la transferencia de ciertas facultades del ámbito civil al militar. Por ello, se otorgan a las fuerzas armadas o fuerzas de seguridad facultades preponderantes para tomar medidas extraordinarias, muchas veces sin necesidad de autorización judicial previa, como detenciones, controles territoriales, restricción de libertades públicas o censura.​ Durante el estado de sitio quedan en suspenso varias garantías constitucionales, con mayor o menor extensión según lo estipule el marco legal de cada país. Entre los derechos que suelen ser limitados se encuentran la libertad de circulación, la inviolabilidad del domicilio, el derecho de reunión y la libertad de expresión.​ Sin embargo, el derecho internacional establece que ciertos derechos —como la vida, la integridad física o la prohibición de la tortura— no pueden ser suspendidos en ningún caso, ni siquiera durante emergencias.​ En términos políticos, el estado de sitio ha sido históricamente criticado por su uso abusivo como mecanismo de control autoritario, particularmente en contextos donde los poderes del Estado carecen de límites efectivos. Por ello, en los regímenes democráticos modernos su aplicación está cada vez más regulada y sujeta a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad.​